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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
TÍULO I. CAPITULO SEGUNDO.
SECCIÓN 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas


Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.




El propio texto reconoce que la enseñanza gratuita es sostenida por la Administración con fondos públicos. Desmontada la falacia, la financiación escolar se reduce a quién y cómo decide la gestión del sistema educativo. En la actual Constitución, el Estado se reserva sobre los padres la tutela educativa de sus hijos. El burócrata decide si, como, donde y cuando tienen que estudiar y cuanto y quienes tienen que pagar por ello. Se reserva para ello la potestad de inspección y homologación del sistema educativo, con lo que establece un férreo control sobre la doctrina que los escolares reciben, cuando bastaría el Código Penal.
En cuanto a la financiación pública, el burócrata decide coactivamente la financiación de la educación, convirtiendo en deber la decisión moral de sostener la educación de quien no puede afrontar su pago. Y lo hace sin que quienes se ven obligados a ello reciban contraprestación ni quienes son responsables de la carencia económica afronten ningún tipo de responsabilidad. Para ello se apoya en el miedo, ignorando que una educación libre y privada disminuiría los costes del sistema educativo, mucho más elevados con la actual administración pública, aumentaría los ingresos de aquellas familias que hoy creen no poder afrontar los gastos ya que disminuiría la carga impositiva y olvida la posibilidad de que la solidaridad privada y voluntaria sea efectiva.
Desde el primer al último apartado de este artículo, se enfrentan la libertad de enseñanza con la obligatoriedad y la tutela pública del derecho a la educación. La paradoja se culmina en el décimo apartado, que establece la autonomía de las Universidades para acto seguido negarla. Estamos por tanto ante un artículo que necesitaría ser revisado. Ante una nueva tajada del melón, que algunos creían que no iba a tener pepitas. Golosos.

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